En esa línea de primar la eficacia, Manel Peiro, experto en Organizaciones Sanitarias de la Escuela de Negocios Esade, plantea evaluar las prestaciones sanitarias. “De esta forma, podemos ver qué funciona y qué no. Y a partir de ahí empezar a hablar. Es difícil y rígido hablar de un recorte de prestaciones, pero habrá que vigilar, porque las que hay son necesarias y competentes”, indica.

Nadie contiende que hay que ahorrar y ser más eficaz. La incertidumbre es cómo hacerlo bien. Y sobre todo sin que resulte en la calidad del sistema ni en un perjuicio para la ciudadanía.

Por eso se manifiestan tantas dudas cuando se pone sobre la mesa una medida tan antigua como polémica, como por ejemplo, el copago sanitario. Una fórmula que pasa por que los ciudadanos aporten una cantidad al usar los servicios sanitarios.

España es el país de la OCDE en el que más se va al médico; una demostración habitual de los partidarios del copago, que aseguran que si no se pone coto, las cifras seguirán subiendo.

Los ciudadanos son consecuentes de que se abusa de la visita al médico. La organización del sistema, no obstante, no ayuda a lo contrario. Numerosas consultas se podrían evitar para los enfermos crónicos con el desarrollo de la receta electrónica.

“El impulso a las consultas de médicos de familia, que tuvieran más autonomía en la gestión y más capacidad resolutiva ayudaría. Evitaría derivaciones al especialista, pruebas inútiles y visitas innecesarias a urgencias”, registra la coordinadora de Política Sanitaria del PP.

Por no hablar de la necesaria reforma del sistema de bajas, que exige a alguien que ya sabe que estará ausente de su trabajo durante tres meses a renovar y recoger los papeles cada 15 días.
Sin embargo muy peleado, el copago es una medida impopular que los políticos temen aceptar abiertamente. Lo han hecho pocos, la mayoría en el ámbito autonómico. Y si lo han hecho a nivel estatal, como el que fuera secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, han tenido que retroceder. “No estamos hablando de copago, sino de repago. Los ciudadanos ya financian la sanidad a través de sus impuestos”, expone Llamazares.

Pero la medida, que ya aplican otros países de Europa con otros resultados, se analiza, FAES, la fundación que preside José María Aznar, está fabricando por encargo de Mariano Rajoy un informe que estudiará la viabilidad de la medida.

El secretario general de Sanidad asegura que no son buenos: No es rentable. Un copago de bajo precio podría generar unos 700 millones de euros al año. Eso no es la tramitación para la sostenibilidad del sistema.

Y conjuntamente transportaría problemas porque algunas personas no utilizarían los servicios sanitarios por no afrontar el pago, lo que generaría males que a la larga sería más caro solventar. Así, el copago no convence, ni como elemento recaudador ni como fórmula disuasoria al abuso.

Del debate que produce sí surge la necesidad de remodelar el sistema sanitario para dar respuesta al cambio en la población, cada vez más superviviente. “Los servicios deben reorientarse y dejar de estar centrados en la atención de enfermos agudos para pasar a centrarse en los crónicos”, replica Sánchez-Bayle. Estos pacientes, aunque solo son el 15% del total, ocupan el 80% de las consultas en hospitales y el 15% de las camas en hospitales.

La reforma del sistema, unida a políticas de salud pública orientadas a evitar enfermedades derivadas del tabaquismo o la obesidad, cuya atención representa el 7% del gasto sanitario español, unos 2.500 millones de euros, será perceptible a largo plazo.

Pero sin vacilación ninguna la apuesta más eficaz para salvar la sanidad pública es arrojarle un esférico de oxígeno en forma de ingresos adicionales. El secretario general de Sanidad lo tiene muy claro, “Tendría que hacerse vía impuestos con afectación finalista, reforzando cualquiera de los que hoy existen, para sustentar la sanidad”, asevera.

Una razón que comparte Llamazares. “Para unos servicios públicos del siglo XXI necesitamos una fiscalidad del siglo XXI. Se podrían incrementar los impuestos generales para dirigirlos a la sanidad. Pero también que se consagrasen a ello aquellos que gravan el tabaco o el alcohol”, expresa.

Una elección que no contrariaría a los ciudadanos. Según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria Semergen, el 76% de los españoles están dispuestos a pagar más impuestos en el tabaco y el alcohol, siempre que ese dinero añadido fuera dirigido a sufragar el déficit del sistema sanitario.

Esta medida, no obstante, no sería válida para la organización actual. Ahora mismo, las comunidades financian la sanidad pública mediante una canasta recaudada a través de impuestos que les entrega el Estado para pagar los servicios básicos como por ejemplo la educación, sanidad, dependencia.
Sin embargo, es cada autonomía la que decide qué parte de esa canasta dedica a sanidad. Un sistema que la mayoría de expertos se muestra partidario de modificar. “Que el dinero reservado para sanidad vaya para sanidad. Es necesario que el presupuesto sea finalista”, expresa Freire.

No por eventualidad, las comunidades con más gasto en este servicio por habitante como por ejemplo Navarra, La Rioja o País Vasco, son las que menos deuda tienen con los proveedores.

La receta está clara y nadie tiene dudas de que hay que aportar más fondos a un sistema que además de velar por el bienestar de los ciudadanos crea riqueza, formación, puestos de trabajo, etc. Pero aumentar los tributos se hace difícil a corto plazo y hay que buscar otras fórmulas para escarbar presupuesto.

Hace unos días, el expresidente del Gobierno Felipe González se mostraba más partidario de examinar otras vías ajenas a los recortes sanitarios, suprimir algunas Diputaciones provinciales y que ese dinero fuera dirigido a incrementar el gasto sanitario en uno o dos puntos.

Lo que está claro es que, al margen del debate sobre si es o no sostenible, la sanidad pública necesita un impulso para conservar su calidad. Y sobre todo hace falta un pacto político común que la saque de la discusión política y de ser el arma arrojadiza de unas Administraciones contra otras.

Todas las comunidades, no importa su color, tienen deudas. “España gasta en sanidad pública más bien poco o, todo lo más, lo justo. Sin embargo, estamos pasados en aeropuertos inútiles, en AVES ruinosos, en duplicidades escandalosas de Administraciones, en edificios públicos injustificables, en ineficiencia burocrática. Si hay que ahorrar hay una larga lista antes que la sanidad, la educación, los servicios sociales”, añade José Manuel Freire.