José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, expresa: pese a sus deudas, la sanidad pública es afinadamente sostenible. “Tiene un costo que el país se puede permitir asumir, sobre todo con los indicadores de salud que tenemos, que en algunas áreas nos sitúan entre los primeros países del mundo”, expresa.
La puntual de Política Sanitaria del Partido Popular, Ana Pastor, no considera lo mismo. No quita hierro a la deuda y reflexiona que es uno de los factores que, si no se reprende, aboca al sistema hacia un abismo.

“Hay que hacer frente a una deuda amontonada de 15.000 millones de euros. Si no se hace y si no se avala una política sanitaria fuerte que forme empleo y riqueza el sistema sanitario no es posible. Debemos poner en marcha grandes reformas”, considera.

El secretario Martínez Olmos no encubre que el sistema tiene un agujero, pero se resiste a dar números. “La sanidad siempre ha tenido deuda. Las comunidades, habitualmente, han tenido déficit en esto, el problema es que hay que lograr que el sistema tenga financiación suficiente para evitar esas situaciones”, expresa.

Un dictamen que comparte el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, que niega cortantemente que, incluso computando el déficit, las comunidades deben solo en fármacos y tecnología hospitalaria 9.400 millones de euros, la sanidad esté en riesgo.

La carta para terminar con esa infrafinanciación es dilatado, pero las claves son simples, según los expertos, medidas eficientes de ahorro y mejor distribución del gasto; y dedicar a la sanidad ingresos adicionales.

Gobierno y comunidades han trabajado esencialmente en la primera fórmula, orientada, sobre todo, a recortar el gasto farmacéutico y de productos sanitarios. Con las recientes medidas, las Administraciones han ahorrado 1.275 millones, según Sanidad.

Una cantidad a la que hay que sumar otros 1.384 millones, procedidos del recorte en gastos de personal, se redujo el sueldo a médicos y enfermeras un 5%, igual que al resto de empleados públicos. Ambas funciones suman 2.500 millones de ahorro que parecen una bonita cifra, pero que representan solo el 5% del gasto sanitario.

A pesar de que el ahorro principal se ha logrado recortando el gasto en farmacia, Marciano Sánchez-Bayle, uno de los responsables de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, sostiene que es indispensablemente en ese punto donde se puede seguir recortando. “España es uno de los cuatro países que encabezan la lista del gasto farmacéutico de la OCDE.

Si con el impulso de los genéricos o de controlar los fondos dedicados al marketing se sometiera el gasto al promedio de esos países, se ahorrarían 5.000 millones de euros”, explica.

Pero los recortes no han ido solo por ese lado. Comunidades como Andalucía o Galicia emplean desde hace un año la receta más básica para cuadrar las cuentas y no cubrir renovaciones ni bajas.

Algo que además hace Cataluña. Sus hospitales ya lo han notado. La reducción de médicos y servicios ha obligado a algunos a cerrar plantas y quirófanos. El Gobierno de Artur Mas (CiU) ha anunciado más estrecheces, recortará un 7% el presupuesto para sanidad, y los extranjeros no comunitarios que quieran usar los hospitales catalanes tendrán que llevar seis meses empadronados en esa región. Una polémica medida que, según los expertos, vulnera la ley de extranjería.

Llamazares, médico y presidente de la comisión de Sanidad del Congreso, opina que las políticas dirigidas a detener el gasto en medicamentos y tecnología sanitaria son importantes, pero más allá de esa porción de la tarta, asevera que hay claros márgenes de ineficiencia en el sistema que deben corregirse y que reportarían un ahorro clave. “Las enfermedades laborales no siempre son reconocidas como tal y sus costos los está pagando la sanidad pública en lugar de las mutuas”, atestigua.

Martínez Olmos reconoce ese fallo. “Se deberían gestionar mejor los accidentes deportivos o los ocurridos en los hogares, que cuantiosas veces a pesar de tener seguro, los están cubriendo los servicios de salud. Ocurre lo mismo con las enfermedades laborales. Esto puede mejorar. Hay que asegurarse de que se cobra a quien está obligado a pagar, no al ciudadano”, emplea.

Si las mutuas pagaran lo que deben por las enfermedades laborales, asegura Llamazares, esto conjeturaría una descarga de unos 5.000 millones de euros para el sistema de salud.