200.000 funcionarios tendrán que cambiar de aseguradora

En lo que tal vez sea una nueva situación para ellos, unos 200.000 funcionarios deberán mudarse de aseguradora, como quien se ha quedado sin casa que lo acoja, deberán, con un cierto límite de tiempo, buscarse otro hogar que los reciban.

De esta manera, los empleados públicos se encuentran limitados de tiempo, ya que antes de fin de Enero deben optar por una nueva compañía de seguros que les preste cobertura a su salud. Se prevé que Adeslas, Asisa y DKV sean las que acojan a estos parias temporales de la salud.

Se encuentran en esta situación unos 195.000 funcionarios, conjuntamente con sus familiares más directos –estas son otras 190.000 personas-, quienes se ven obligados a esta masiva mudanza, debido a la retirada por parte de una serie de aseguradoras, en especial Caser y Mapfre, del concurso público para prestar cobertura a dicho colectivo. Estas compañías consideran que no es rentable este tipo de prestación. Ante esta situación, los funcionarios afectados deberán optar por Adeslas, Asisa o DKV.

El desglose del total de empleados es el siguiente: la mayoría de los empleados que deben optar por nueva cobertura, unos 133.200, integran la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), por otro lado Isfas, la de las fuerzas armadas, cuenta con 44.000 empleados y la de Mugeju, esta es la mutualidad judicial, otros 17.800 empleados.

Desde el 1 de Febrero, deberán integrarse a nueva aseguradora a la que cada mutualidad aportará la prima correspondiente. Dicho contrato cuenta con cobertura para 2010, previéndose que se pueda prorrogar en 2011 y 2012.

Esto representa para Adeslas, Asisa y DKV poder aumentar su negocio entre los funcionarios, si bien ellos podrán elegir por la cobertura pública de la Seguridad Social. Desde otro punto, a estas tres aseguradoras, se debe incluir el Igualatorio Médico Colegial, excepto para Isfas, más allá de aumentar su negocio, se han mostrado disconformes, debido a que estiman que la prima que abonan las mutualidades no llega a cubrir los gastos, más allá del incremento del 2,5% en el último concierto de Muface.

Los datos reflejan que entre Enero y Septiembre de 2009, las aseguradoras registraron ingresos por 1.036 millones en primas por la cobertura sanitaria de las administraciones públicas y debieron pagar 9 millones de euros más, unos 1.045 millones en prestaciones.

Dentro de los servicios que prestan, estas brindan un servicio a 600.000 personas sumando funcionarios y familiares, siendo Adeslas la que más cobertura ofrece, lo que representa el 40% de su facturación.

Asisa, es la segunda entidad con más actividad en este negocio, las primas aportadas por las mutualidades le significan el 60% de sus ingresos. Mientras que, el volumen de primas de las administraciones públicas son el 28% del total de lo que llega a recaudar el seguro sanitario.

Estrategias a Decidir:
-La caixa decidirá la posición de Adeslas:

Desde La Caixa, y a través de Criteria, tomarán la decisión de si Adeslas permanece en su posición respecto a la cobertura del seguro de funcionarios o si cambia de estrategia.

-Asisa, debe decidir si es por y para los médicos:
Asisa también debe plantear su posición. Se encuentra controlada en el 100% por la cooperativa Lavinia, integrada por los mismos médicos que prestan sus servicios a Asisa. Lo que genera que dichos profesionales sean el principal objetivo, ya que creen que son más médica que aseguradora. De esta manera desea reducir el actual peso que representan los funcionarios en su cartera.

-DKV centra sus prestaciones en los particulares:
Para DKV, la filial del grupo alemán Ergo, es otra de las candidatas a hacerse cargo de recibir a los funcionarios de Mapfre y Caser. Como se sabe centra su actividad en el seguro de salud a particulares y es por ello que no toma una decisiva posición sobre los colectivos.

Una vez más se produce un importante reacomodamiento de las compañías de seguros en el mercado y en el segmento público, situación que seguramente se genera por los problemas económicos que atraviesan tanto las aseguradoras como el gobierno, y no tanto por una elección estratégica de negocios.